CARTA ABIERTA AL SENADO DE LA NACIÓN

A las senadoras y los senadores de la Nación Argentina,

Argentina está a punto de aprobar el régimen de inversiones más extremo del mundo. El proyecto denominado Súper RIGI ya obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados. Si el Senado lo aprueba, ofrecerá a grandes corporaciones tecnológicas transnacionales privilegios fiscales, estabilidad regulatoria garantizada por décadas y protección jurídica excepcional. Todo esto sin exigir a cambio empleo local, transferencia de tecnología, ni ningún compromiso concreto con el desarrollo del país.

Quienes suscribimos esta carta, integrantes del mundo académico, científico y tecnológico, conocemos las consecuencias concretas de lo que está en juego y tenemos la obligación de advertirlo. El Súper RIGI no es una ley de promoción de inversiones, es la renuncia al derecho de regular sectores estratégicos durante una generación entera.

El Súper RIGI no es una ley de promoción de inversiones, es la renuncia al derecho de regular sectores estratégicos durante una generación entera.

La gravedad se multiplica cuando se analiza en conjunto con otra reforma en discusión: el reconocimiento como personas jurídicas a entidades operadas íntegramente por inteligencia artificial. Esa combinación configura una arquitectura legal sin precedentes: corporaciones de enorme poder económico operando con privilegios excepcionales, sin controles democráticos ni responsabilidades claras frente a la sociedad argentina.

La renuncia fiscal es de una magnitud desproporcionada y más cuestionable aún cuando la evidencia internacional muestra que los incentivos impositivos no son el factor decisivo para que las empresas elijan dónde instalar sus centros de datos.

Tampoco puede ignorarse el impacto ambiental. Infraestructuras de esta escala recibirían garantías regulatorias por 30 años sin normas estrictas sobre consumo de agua, energía o emisiones de carbono. Los centros de datos asociados a inteligencia artificial demandan volúmenes crecientes de electricidad y agua. En un contexto de estrés hídrico y crisis climática, eso no es un detalle técnico: es una decisión sobre el territorio y los recursos de las próximas generaciones que vienen.

Mientras el mundo debate cómo regular a las grandes tecnológicas, Argentina no puede resignar su capacidad de hacerlo. El caso YPF es una advertencia concreta: ceder soberanía jurídica sobre sectores estratégicos tiene costos multimillonarios. Amparar estas inversiones bajo mecanismos de arbitraje internacional que limiten la jurisdicción nacional sería repetir ese error en una escala mayor.

Existe, además, una paradoja que no puede ignorarse. Mientras se propone eximir durante décadas a grandes infraestructuras tecnológicas extranjeras, el Estado desfinancia al CONICET y a la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, desmantela todas las áreas del sistema científico, pone en crisis a las universidades y expulsa valioso capital humano formado durante décadas. Ningún país construye soberanía tecnológica de esa forma. Eso no es una política de desarrollo: es su negación.

Las senadoras y los senadores tienen ahora esa decisión en sus maños. Su responsabilidad no es evaluar solo los beneficios de corto plazo: es proteger la integridad de sus territorios, el derecho de sus habitantes al empleo digno, el cuidado de los recursos naturales y la capacidad de las futuras generaciones de decidir sobre su propio destino.

La Argentina necesita inversión y nuevas tecnologías. Pero no a cualquier precio, y no resignando para siempre las herramientas para decidir sobre su propio desarrollo.

No hipotecar el futuro también es una forma de defender la Nación.

Resumen: procedencia de los firmantes